El consejo de ministros italiano ha aprobado este lunes un decreto sobre la seguridad pública que endurece las medidas contra la inmigración, ha indicado hoy el ministro del Interior, Matteo Salvini, líder de la derechista Liga.
«Es un paso para que Italia sea más segura. Para combatir con fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, para reducir los costos de una inmigración exagerada, para expulsar a los delincuentes y a los que piden asilo sin merecerlo, para retirar la ciudadanía a los terroristas y para dar más poder a las fuerzas del orden», ha anunciado Salvini en Facebbok.
El Gobierno no ha comunicado de inmediato el contenido exacto de este texto que entrará en vigor tan pronto como haya sido firmado por el presidente Sergio Mattarella, aunque debe ser validado dentro de 60 días por el Parlamento.
El texto establece permisos de residencia humanitarios excepcionales -que el 25% de los solicitantes de asilo en Italia obtuvo en los últimos años- y prevé la suspensión de la solicitud de asilo si el solicitante es «peligroso» o está sujeto a una condena en primera instancia.
Se incluye además una reorganización del sistema de recepción para los solicitantes de asilo, que se reagruparán en grandes centros de acogida, y se reservarán los esfuerzos para promover la integración para los niños no acompañados y los refugiados reconocidos.
También prevé la revocación de la naturalización de cualquier extranjero condenado por terrorismo. En cuanto a seguridad, el texto generaliza el uso de armas eléctricas, incluso por parte de policías municipales, y promueve la evacuación de los edificios ocupados al eliminar la obligación de ofrecer alojamiento temporal a las personas vulnerables.
El texto ha sido sometido a duras críticas antes de su aprobación, incluso dentro del Movimiento de 5 estrellas (M5S, antisistema), aliado gubernamental de la Liga.
El Secretario General de la Conferencia Episcopal de Italia, Nunzio Galantino, ha criticado el hecho de que la inmigración y la seguridad se traten en el mismo texto. «Esto significa que el inmigrante ya ha sido juzgado por su condición y ya se le considera un peligro público, independientemente de su comportamiento, lo cual es una mala señal», ha dicho.
